Entre ellos, figuraba Brasil, cuyo ministro de Medioambiente, Joaquim Leite, también prometía a nivel particular que su país eliminará para 2028 la deforestación ilegal, un problema que afecta a la mayor reserva boscosa del planeta: la Amazonía. Otros 45 países acordaron en la misma cumbre tomar medidas para avanzar hacia una agricultura y una gestión del suelo más sostenible mientras varias instituciones financieras y empresas agroalimentarias anunciaban inversiones en programas de ganadería y producción de soja para evitar la deforestación en Suramérica. A pesar del retraso en la convocatoria y desarrollo de la COP26, sólo 8 países -entre ellos, España- de los casi 200 participantes llegaron con «los deberes hechos», es decir, con sus objetivos climáticos plasmados en una ley. Sin embargo, Glasgow fue escenario de iniciativas interesantes, incluyendo el compromiso de EEUU -que ha vuelto a la «arena ambiental» con Joe Biden en la Casa Blanca- y China, dos de los países más contaminantes del mundo, para «reforzar las acciones climáticas» y alcanzar a lo largo del actual decenio los objetivos del Acuerdo de París. Esta declaración conjunta de Washington y Pekín fue recibida con satisfacción pero sus intenciones reales de colaboración han quedado en entredicho a las primeras de cambio, tras el anuncio a primeros de diciembre del boicot diplomático norteamericano a los Juegos de Invierno organizados por China, dentro del ambiente de «guerra fría» que parece haberse instalado entre ambas capitales.

Más allá del acuerdo final de la COP26, descafeinado a última hora por la sorpresiva intervención de la India que, con una sola palabra, cambió su sentido final -«reducción» en lugar de «eliminación» del carbón como fuente energética- los convenios sectoriales fueron rubricados por grupos de países y regiones, no de manera global. La mayor parte buscan entorpecer el uso de combustibles fósiles apoyando en cambio a las energías renovables, aunque habrá que ver cuántos se cumplen y en qué medida, vistos los antecedentes de convenios anteriores. Entre ellos figuran el fin de la concesión de nuevas licencias para explotar petróleo y gas en territorios bajo jurisdicción de los firmantes, la eliminación de vehículos de combustión para 2035, la creación de flotas de autobuses públicos eléctricos en países iberoamericanos o la reducción de hasta un 30 % en las emisiones de metano, gas con gran impacto en el efecto invernadero aunque menos conocido que el CO2. Por lo demás, la UE se consolida como uno de los principales líderes medioambientales, con una Comisión Europea que quiere dedicar buena parte de los llamados fondos Next Generation -para paliar los daños económicos provocados por el coronavirus- a la transición ecológica, incluyendo un 30 % a la lucha contra el cambio climático.